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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que si la fuerza pública no actúa en contra de los saqueos, vandalismo, robos y bloqueos que se generaron por el “gasolinazo”, habrá desabasto de bienes básicos, pérdidas en costos logísticos, de almacenaje y penalización de tiempos de entrega, y hasta cierre de empresas.

De no haber abasto, la situación podrá aumentar el descontento, las movilizaciones sociales y hasta habría mayor violencia.

Para el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, “el desabasto en diversas zonas del país está llegando a niveles preocupantes debido a los saqueos y bloqueos carreteros por lo que, en breve, la crisis podría también afectar a los bienes básicos de consumo, lo que sólo aumentaría el descontento, los movimientos sociales y la violencia”.

Por ello pidió que ante la incapacidad de la policía estatal y municipal para frenar esta situación es necesario la intervención de las fuerzas federales a fin de garantizar el libre paso en carreteras y puertos estratégicos.

De mantenerse los bloqueos seguirán los problemas para que los trabajadores lleguen a sus trabajos; no podrán llegar los insumos a las líneas de producción lo que ocasionará paros técnicos y pérdidas.

Además de que hay pérdidas y multas para las empresas que no logran dejar a tiempo los pedidos.

Hay “pérdidas en costos logísticos, de almacenaje y penalización de tiempos de entrega, y dañan la imagen para futuras inversiones en el país”, dijo Castañón.

El líder de la cúpula empresarial apoyó la declaración del Ejecutivo de que “estas noticias configuran una caótica imagen de nuestro país, con una falta total de un Estado de Derecho en ciertas entidades federativas, que está mermando seriamente la viabilidad de nuestros negocios, provoca la pérdida de empleos y limita la generación económica que pueden dar lugar a cierres definitivos de centros de trabajo, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores donde se presentan este tipo de delitos”.

Pidió que se hagan investigaciones más ágiles para detectar a las personas que difunden correos falsos y rumores que dañan al país.

Además de que dijo es necesario instrumentar procesos judiciales mucho más ágiles para que los delincuentes que fueron detenidos en flagrancia no salgan libres en menos de 24 horas, ante la imposibilidad de que los afectados acudan a los ministerios públicos.

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