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Por temor a represalias por parte de las autoridades, los empresarios no denuncian los actos de corrupción durante las adquisiciones del Gobierno. El “Estudio Cualitativo sobre Corrupción” de Jalisco Cómo Vamos y Demoskópica reveló que prefieren quedarse callados ante el miedo de ser objeto de sanciones y ser vetados de las listas de proveedores.

El estudio consistió en una serie de grupos focales conformados por miembros de cámaras empresariales y una barra de abogados.

“Son sanciones a la empresa, son prohibiciones para participar. Además de alguna forma las empresas participan en este juego a no tener mayor opción, por un lado no pueden denunciar y por el otro necesitan hacer negocios y uno de los grandes compradores es el Gobierno. Parece que eso queda en evidencia de manera clara en el estudio”, explicó Augusto Chacón de Jalisco Cómo Vamos.

“También se habla sobre corrupción en el Poder Judicial, queda claro el nepotismo y la compra de puestos que inhibe la impartición de justicia. El último eslabón de la justicia está en una situación muy oscura y sospechosa de actuación”.

Otras de las prácticas que reveló el estudio es la existencia de dádivas y proveedurías en los procesos electorales, las cuales suceden con todos los partidos.

“Es una trama que está así, no importa quien gobierne. Para asignar una obra, dar concesiones o aceptar un contrato hay un dinero extra que generalmente ayuda a las campañas políticas”.

Otros hallazgos del estudio revelan que han disminuido los giros y las empresas que participan en las compras del gobierno debido a que los mecanismos de corrupción hacen muy costosa la participación y que los procesos tienen obstáculos que buscar beneficiar solo a algunos grupos. Además hay demora en los pagos.

Además denuncian la creación de empresas propias o ligadas a funcionarios para lograr una contratación como proveedores de las instituciones públicas y la presencia de empresas que sólo simulan una competencia.

Ricardo Suro, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, indicó que el compromiso es que la designación de las plazas para los jueces será lo más transparente posible para que haya certeza de que se seleccionan a los mejores perfiles.

Además señaló que ya tiene un acuerdo verbal con el Consejo de la Judicatura federal para implementar el mismo programa para la realización de exámenes con los que designan a los jueces.

“Ya hablé con los consejeros y están dispuestos a proporcionarme esa infraestructura para los exámenes. Vamos a hacer un banco de preguntas con un sistema de cómputo que aleatoriamente elegirá 50 preguntas (…) en cuestión de minutos se obtendrá la calificación”, señaló al indicar que el nepotismo y la opacidad son prácticas del pasado que ya no sucederán en su administración.

Por su parte Mauro Garza, presidente de la Coparmex Jalisco, indicó que en la medida en la que menos personas interfieran en los procesos de licitación, estos podrán ser más transparentes y así se abatirá la corrupción.

“Tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor. Ya se han hechos esfuerzos con la ley de obra pública que tiene un banco de proyectos, también estipula nuevas calificaciones y criterios para la asignación de obra y las licitaciones”.

“Proponemos el tema de seguimiento a las obras y proyectos. Tenemos que ver si la empresa que ganó cumplió, si la calidad y el producto fueron los acordados”, señaló e hizo un llamado a no hacer licitaciones a menos que se tenga el recurso asegurado para que no haya retraso en los pagos.

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